Pocos espacios para el disenso

  • Estamos en un momento complejo en el que (pareciera) hay pocos, muy pocos espacios para el disenso. Y esto no conviene a nadie. Huele, en Sonora y en Hermosillo, a un fuerte tufo de regresión a tiempos en los que los asuntos públicos se discutían bajo el tamiz de la lupa del poder.

 

Por Jesús Moreno Durazo

Vaya momento tan complejo el que vive nuestra sociedad.

Y en un esfuerzo de divagar lo menos posible me enfoco en Hermosillo, donde resido, y seguramente donde viven mayoritariamente los lectores de CÍRCULO Sonora.

La complejidad que acompaña a los días que corren pareciera fácil de entender, pero es sumamente difícil a la vez: ¿cómo explicar, por ejemplo, que resulta fundamental defender los derechos humanos de quien delinque en nuestras calles, si un día sí y otro también somos testigos de la ola de violencia que nos azota? La preocupación por lo segundo obnubila nuestra visión por lo primero.

¿Cómo aceptar que antes de que un agente dispare sobre los presuntos delincuentes, deberían priorizarse sus derechos como persona?

Pareciera que el Estado se fue al extremo al “permitir”, bajo los protocolos de legítima defensa, que los elementos policiacos abran fuego contra quienes cometen agresiones de orden público.

Y justificaciones de la medida han sobrado. Para muestra un pequeño botón: el pasado 9 de junio, el alcalde Manuel Acosta posteaba en su cuenta de Twitter @MaloroAcosta: “Quienes se atrevan a transgredir la Ley se enfrentarán con elementos policiacos, dispuestos a garantizar la seguridad de los hermosillenses”.

A ese tuit, seguía otro: “El combate a la delincuencia seguirá con firmeza, ningún grupo de delincuentes será mayor que el deseo de tener un Hermosillo seguro”.

Dichos mensajes, leídos en otro momento, parecerían más un lugar común que otra cosa. Sin embargo, su lectura en esta coyuntura específica es otra: la disposición de los elementos del orden para garantizar la seguridad de los hermosillenses se refiere al uso de la fuerza a tope. No hay más.

(Ese mismo día, 9 de junio, fueron abatidos por elementos de la AMIC, antes PEI, seis presuntos delincuentes en la colonia Palo Verde, en Hermosillo).

El Fiscal de Justicia del Estado, por su parte, ha comparecido en diversos espacios (medios de comunicación, organismos empresariales) tratando de explicar y justificar las nuevas medidas que van, insisto, a disparar a presuntos delincuentes hasta acabar con su vida.

Y es que la medida genera un buen consenso social en este caos provocado principalmente por la inseguridad y ante el cual la autoridad, en sus tres niveles de gobierno, nomás no ha podido. Disparar contra presuntos delincuentes es de aceptación popular y (pareciera) permite un respiro a las autoridades, ahogadas en la ineptitud e inoperancia de sus “políticas públicas” fallidas ante el combate a la inseguridad.

¿Y el tejido social? Por favor, a quién le interesa eso.

Parece increíble pero es real: basta con echar un vistazo a ese caótico mundo de las redes sociales (la dictadura de la exageración en el periodismo, le llama Javier Marías) para percatarse que, abrumadora y mayoritariamente, los ciudadanos que allí se expresan están de acuerdo con la idea de que si se trata de poner orden, no importa que se acabe con la vida de una persona. Y eso las autoridades lo saben y han implementado medidas extremas, como los protocolos de legítima defensa aquí comentados.

Pocos actores de peso en la comunidad hermosillense se han atrevido a enfocar la importancia de privilegiar, en el debate público, los derechos humanos de presuntos delincuentes ante esta realidad.

En medios de comunicación, con ese enfoque, el tema escasea.

En el clero, que por naturaleza propia debería abrazar esta discusión, no hay una sola voz que se atreva mínimamente a analizarlo (salvo una declaración “de banqueta” del arzobispo Ruy Rendón, no hay más).

Tampoco en la academia se notan muchas ganas por abonar a este debate. De organismos empresariales o de colegios de profesionistas mejor ni hablamos.

¿Hay temor a “represalias” por parte del Estado o cuál sería la razón para que un asunto tan delicado como el aquí expuesto no se oxigene lo suficiente?

En suma, pues, estamos en un momento complejo en el que (pareciera) hay pocos, muy pocos espacios para el disenso. Y esto, sobra decirlo, no conviene a nadie: ni a los ciudadanos ni a los propios tomadores de decisión desde la esfera pública.

Huele, en Sonora y en Hermosillo, a un fuerte tufo de regresión a tiempos en los que los asuntos públicos se discutían bajo el tamiz de la lupa del poder.

Mala, muy mala señal.

 

 

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